El miércoles 13 de noviembre de 2002, frente a la Costa da Morte gallega, un petrolero cargado con 77.000 toneladas de fuel sufría una vía de agua provocada por un fuerte temporal. El carguero, llamado Prestige, quedó a la deriva y el petróleo empezó a teñir las aguas del mar. Las autoridades decidieron alejar el barco de la costa, y con ayuda de remolcadores, lo llevaron mar adentro. El martes 19, a 250 kilómetros de Galicia, el petrolero se partió en dos y acabó hundido a casi 4.000 metros de profundidad.
La marea negra provocada por el vertido fue la mayor catástrofe ecológica sufrida nunca en España y uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en Europa. Más de 400 kilómetros de costas gallegas, desde Caión a Fisterra, quedaron afectadas por toneladas de espeso petróleo. Una plataforma ciudadana, Nunca Máis, se encargó, a través de miles de voluntarios y con la ayuda de los pescadores, de limpiar las playas de chapapote y organizar las protestas ciudadanas para reclamar responsabilidades.
Una década de consecuencias
En el momento de la primera fuga, el Prestige vertió al mar entre 5.000 y 6.000 toneladas de petróleo; cuando se rompió, se vertieron otras 5.000. Se vieron afectadas 745 playas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, pues las mareas arrastraron el vertido por toda la costa norte española: más de 2.000 kilómetros. Al año de la tragedia, se habían recogido 90.000 toneladas de arena y fuel. Más de 30.000 pescadores vieron amenazados su sustento, y millones de especies marinas murieron.
Tras una década en que la catástrofe parecía olvidada, el juicio contra los presuntos responsables de la tragedia (el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, el exdirector de la marina mercante, José Luis López-Sors, y el capitán, Apostolos Mangouras) se ponía en marcha. El proceso duró más de siete meses, y se resolvió con la absolución de los tres imputados.
La sentencia se emitió el 13 de noviembre de 2013, exactamente once años después de la tragedia. Según el juez, “nunca se supo la causa del hundimiento” y, por tanto, no hubo responsabilidades penales ni políticas. Solamente el capitán del barco, de 78 años, fue condenado a nueve meses de cárcel –que cumplió nada más bajar del barco—por desobediencia grave.
La sentencia se encuentra recurrida.
