Desde que se declaró el estado de alarma, se ha instado en mantener el distanciamiento social y eso es un tema que también afecta a las prisiones españolas. El Ministerio del Interior desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo, ha enviado a sus casas a más de 7500 presos. El 80% de ellos ya cumplían sus penas en casa y el resto fueron enviados, todos ellos ataviados de dispositivos de vigilancia telemática.
Antes del estado de alarma, el 37% de los presos en semilibertad podían cumplir su condena en libertad con las restricciones de movilidad impuestas por el juez, mientras que el 63% tenía que acudir a dormir a prisión. Actualmente esa cifra se ha elevado al 77%. El objetivo es claro, disminuir la masa de población de las prisiones para evitar contagios masivos. Todos los presos enviados a sus casas firmaron una declaración jurada en la que se comprometían a respetar el confinamiento impuesto por el gobierno. Además el Ministerio del Interior tuvo que adquirir un mayor número de pulseras telemáticas para la vigilancia de estos presos.
Aún hay 1600 reclusos en tercer grado pero que deben acudir a prisión a dormir, para ellos se ha reducido los días en semana que tienen que ir a firmar en prisión para evitar su salida a la calle. Aquellos que tienen (o prefieren) ir a dormir cada noche a prisión por no tener domicilio, se han habilitado celdas aisladas y cenas en turnos diferentes al resto de internos.
Hay confirmados 40 reclusos infectados de Covid-19 y más de 230 trabajadores de prisiones, aunque se calcula que la cifra es mayor, peor por la falta de test no se puede confirmar. Permanecen en cuarentena más de 650 trabajadores y 450 reclusos, por haber tenido contacto con positivos.
