Hace un año se desmantelaba una red de chantaje sexual con más de 4000 víctimas. Un año después la investigación sigue sus cauces pero se ha pedido al Tribunal Supremo que intervenga por la cantidad de víctimas que tiene y la información que se sigue recabando.
El sumario ya cuenta con más de 25 tomos y una treintena de imputados por extorsión, amenazas, delito contra la intimidad de las personas, usurpación, blanqueo, organización criminal y falsedad documental.
El modus operandi era sencillo. Llamaban sin parar a números de teléfono reclamando dinero a quién contestara por no haberse presentado a una cita con una prostituta. Les pedían más dinero por los daños ocasionados y les amenazaban con dispararles o matarles si no hacían el ingreso en la próxima hora. El plan era sacar dinero rápido por lo que no perdían el tiempo con aquellas personas que oponían resistencia o simplemente colgaban. Las cantidades que reclamaban podían ir desde los 150€ hasta 2000€ pero sabe que hay víctimas que han llegado a desembolsar más de 5000€ para ocultar que habían entrados en portales de pornografía o habían pedido encuentros con trabajadoras sexuales.
Las primeras denuncias de personas que no cedieron al chantaje comenzaron en varias localidades de Teruel entre marzo y abril de 2018 a las que se sumaron denuncias de personas que sí que pagaron y eran contactadas varios días después reclamándoles mayores cantidades de dinero.
Las víctimas tenían que hacer el ingreso en una cuenta bancaria, perteneciente a las «mulas» contratadas. Esto se gestó a través de una familia del conflictivo barrio valenciano La Coma, que conseguían personas que cedieran sus cuentas bancarias para registrar ahí los ingresos de los extorsionados a cambio de una pequeña comisión. Se llegaron a mover más de 250000€ con este método, dinero que pasó casi de inmediato a otras cuentas de personas con pasaporte de Malawi.
El caso está en manos de la justicia y aún queda para que se dicte sentencia a los casi 30 detenidos por esta estafa.
